Marzo del 2008 inauguró el año laboral no sólo con los tradicionales avisos publicitarios de cuadernos, uniformes  escolares, patentes automovilísticas y créditos por los gastos de vacaciones, sino que innovó (bueno la verdad no tanto) y agregó a ese listado la discusión en el Tribunal Constitucional sobre el recurso presentado por 36 diputados de la Alianza por Chile en contra de las Normas Nacionales de Salud Sexual y Reproductiva. Pretendían así prohibir no sólo la distribución de la píldora del día después (PAE) en los consultorios del Ministerio de Salud, sino también la atención en confidencialidad a menores de edad, toda entrega de pastillas anticonceptivas que tuvieran Levonorgestrel y, lo más increíble, la implantación del dispositivo intrauterino, más conocido como T de cobre.

Columna publicada en The Clinic

Por Natalia Flores G, Secretaria Ejectuiva, Observatorio de Género y Equidad

Para los y las lectoras, dicha situación podría ser casual, pero no para quienes trabajamos por las libertades ciudadanas, y en especial, por los derechos que tiene las mujeres a decidir sobre su sexualidad y su cuerpo, nosotras no hemos perdido la memoria. No es la primera vez que fuerzas fundamentalistas y conservadoras utilizan diversas estrategias legales para restringir los derechos de las personas o imponer sus creencias sociales-religiosas y políticas al resto de la ciudadanía. Muchos ejemplos hay al respecto: miremos un poco para atrás y las imágenes de pequeños pero poderosos grupos criticando las campañas de prevención en VIH-SIDA, las rasgaduras de vestiduras ante una supuesta distribución de condones a niños para censurar inmediatamente las JOCAS, etc.

Así como a comienzos del 2000 le tocó a la Corte Suprema discutir sobre la constitucionalidad de una política pública que incluía la entrega gratuita de la anticoncepción de emergencia, proceso que terminó autorizándola, este año le tocó al Tribunal Constitucional. Los actores, los/as mismos/as, el conocido abogado Jorge Reyes, algunos con nuevos rostros (algo así como las nuevas ropas del emperador), esta vez personificados en diputados y diputadas de la Republica.  Exacto, aquellos/as que la ciudadanía ha elegido para representar sus intereses en el contexto nacional. Lo diferente, la respuesta de esa misma ciudadanía que salió las calles a manifestarse abiertamente en contra de un fallo que se consideró injusto y atentatorio contra sus derechos adquiridos.

El poder ciega, y lo que sucedió en abril de este año en Chile fue un claro ejemplo de esta afirmación. ¿Qué pasó por la mente de esos/as “honorables” legisladores/as que pensaron que su intención de imponer su forma de vida en términos hegemónicos pasaría desapercibida, o sería bien aceptada por un país que diversos estudios muestran más progresista, que acepta más la diversidad sexual, que está de acuerdo con la despenalización del aborto, es decir que claramente tiene otros valores y considera que la libertad de decidir su estilo y forma de vida no es restringible ni consensuable? ¿Tan poca valoración de sus propios/as electores/as tienen? La respuesta es simple: nunca imaginaron una respuesta ciudadana de tal tamaño, porque si hubiera sido distinto, no nos habríamos enfrentado a excusas baratas y poco creíbles, como las del legislador de la UDI Lobos, diciendo ante todo Chile que en su calidad de diputado de la República firmó una hoja en blanco, o que nunca leyó el recurso ante el TC.

Las lecturas de dicho proceso son variadas. Hasta el día de hoy no recuerdo (exceptuando el movimiento pingüino) una causa que haya movilizado tan fuertemente a mi país bajo los gobiernos democráticos. Durante un mes, la libertad de decidir sobre tu propia sexualidad fue tema de discusión, que logró salir del ámbito tradicional de las organizaciones y ONG de mujeres o de aquellas que trabajan en el área de los derechos sexuales y reproductivos y permear al resto de la sociedad civil, a hombres y mujeres no organizados. Pasamos de la vigilia de una cincuentena de mujeres y algunos hombres fuera del edificio del TC, a convocar a cientos de personas. En casi todo Chile se realizaron foros, seminarios, charlas, programas radiales y televisivos; se escribieron columnas de opinión, cartas al director, reportajes. Miles de chilenos y chilenas se movilizaron exigiendo el respeto, participación y explicaciones a sus autoridades.

En medio de tanto ruido, tanta gente, tanta pregunta, nos encontró el trascendido que decía que la sentencia sería a favor del recurso completo. Al día siguiente, miles de personas se dieron cita en diversos puntos del país, tanto así que el Tribunal Constitucional se vio obligado, por primera vez en su existencia, a publicar una declaración en que aclaraba el alcance de un fallo aún no dictado e informaba que el 22 de abril daría a conocer su resolución final. Llegada la fecha no hubo sorpresa bajo el sol: nuevamente los fundamentalistas de la derecha conservadora hicieron notar su poder y prohibieron la entrega de la Píldora del día después en los consultorios del MINSAL. El pueblo se enojó y lo hizo sentir con fuerza esa misma noche: alrededor de 35.000 personas marcharon a lo largo del país demostrando su repudio al fallo. No quedó lugar en que al menos una persona se parara con un cartel que rechazara el fallo, hombres, mujeres y jóvenes; heteros, lésbicas, gays y tansgéneros/as; católicos/as, protestantes, agnósticos/as y ateos/as; políticos/as, sociedad civil organizada y gente común y corriente salió a las calles generando una manifestación cívicamente responsable, respetuosa de sus propias diversidades, informada y exuberante.

¿Qué nos deja, en resumen, el relatado proceso? A mi parecer, una serie de aprendizajes y desafíos que debemos enfrentar. Entre los primeros está el haber sido capaces como movimiento de mujeres de prever escenarios, entender que la construcción de alianzas con otras organizaciones y espacios políticos nos permitiría mayor fuerza en la generación de control ciudadano y de exigencias de profundización de la democracia (ejemplo de ello fue la creación del Movimiento por la Defensa  de la Anticoncepción), la incorporación nuevas formas de acción política, como las ya no tan nuevas formas comunicación (e-mail, listas de distribución, blog, portales Web) y la creación de nuevas estrategias comunicacionales (distintas vocerías, incorporación de líderes jóvenes).

En cuanto a los desafíos, estos no son menores, porque la pregunta es inmediata ¿Qué sucedió  después con esta gran masa crítica movilizada durante abril en pos del respeto de su libertad sexual y reproductiva? La dispersión posterior puede explicarse desde diversos lugares: ya sea por debilidad -en términos de capacidad de quienes formamos parte de la sociedad civil organizada- de darle continuidad al proceso iniciado (organizaciones atomizadas, falta de recursos institucionales, etc.), pero también la actitud de parte de esos/as miles de hombres y mujeres que no logran dar un paso y hacerse cargo de que su deber como habitante de un país democrático es generar una ciudadanía activa, observante y crítica, que va más allá de la asistencia a una marcha determinada.

Sin embargo, a partir del 22 de abril de este año sabemos que contamos con un capital que no se pierde, que se actualizará en nuevas oportunidades en que confluya una conducción adecuada y un motivo tan potente como es el intento por parte de quién sea de decirnos como vivir nuestras vidas, es decir, de meterse en nuestros cuerpos, tal como decía el grito que se escuchó hasta el cansancio de “Alerta ciudadanos y ciudadanas que ahora la alianza, los curas, el fundamentalismo, se mete en nuestras camas”